Juan Pérez Audelo/ Columna 

Como ocurre cada fin de año, los dirigentes de algunas de las 400 organizaciones sociales que perviven de la dádiva gubernamental, mueven a sus seguidores para presionar al gobierno y recibir sobornos, encubiertos como apoyos a comunidades. El chantaje que despliegan puede ir de la moderación, como la realización de marchas, hasta el bloqueo carretero o a vialidades e incluso, el cierre de oficinas y el secuestro de trabajadores, como ocurrió la semana pasada en Ciudad Administrativa, cuando el llamado Consejo para la Defensa del Indígena (CODECI), retuvo por más de 12 horas, a empleados y empleadas que ahí laboran.

Ante la ausencia de banderas que justifiquen sus demandas, todas con el signo de pesos y millones, toman una de las más infames: la de sus víctimas, a quienes no dejan descansar, pues son motor del chantaje permanente. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui –MULT- marchó el lunes 29 de noviembre, para exigir justicia por el asesinato de su fundador, Heriberto Pazos Ortiz, ocurrido en octubre de 2010. Es decir, hace 11 años y cuyos presuntos autores están en prisión. Detrás de ello, el objetivo es alargar la mano.

El membrete denominado CODECI, cometió las peores bajezas pues con la bandera de Catarino Torres Pereda, asesinado en la Cuenca del Papaloapan, hace diez años, el hermano y dirigente exigió al gobierno estatal la nada despreciable suma de 1 millón 800 mil pesos. En el mismo tenor, el Frente Popular Revolucionario –el FPR- hizo lo propio cerrando Ciudad Judicial, pues siguen teniendo como bandera el homicidio de Tomás José Martínez Pinacho, dirigente regional en Miahuatlán de Porfirio Díaz, acribillado a balazos en la población de Ánimas Trujano, en agosto de 2020. Dos de los presuntos homicidas están en prisión.

Se trata de la mínima parte de un directorio gigantesco de organizaciones encabezadas por falsos redentores sociales. Personas que no trabajan, pero que llegan a las oficinas de gobierno a exigir sumas millonarias, a las que ya se han acostumbrado. A la mayoría de ellos se les asignan las obras de las comunidades que dicen representar o concesiones de transporte, entre otras canonjías, sin ningún documento que acredite una representación legítima.

Reciben dinero de la Secretaría General de Gobierno o de Finanzas, con el señuelo de que, al tenerlas quietas, se garantiza la gobernabilidad, haciendo cierta la frase acuñada a don Porfirio Díaz: “perro con hueso en la trompa, ni ladra ni muerde”. La pregunta es: ¿No es tiempo ya de ir acotando a ese nido de parásitos sociales, que viven –y muy bien- del erario público? Esto será tarea para la siguiente administración, porque a ésta, ya le tomaron la medida.

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