EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/Columna

Desde hace mucho tiempo, ninguna iniciativa de reforma constitucional había levantado tanto polvo como la Ley de la Industria Eléctrica, también denominada con ironía: Ley Bartlett. Si bien ha sido motivo de análisis diversos desde el punto de vista jurídico, social y mediático, el fondo es uno: restituir el monopolio pleno de la generación y distribución de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Con ello, particularmente su octogenario y cuestionado director, asumirá que, además de sus 20 presuntas propiedades y negocios que le fueron descubiertos, sumará un éxito más.

En sentido contrario a la ruta del mundo global, para darle la vuelta al cambio climático y revertir sus efectos nocivos, con esta ley, el gobierno federal pretende seguir anclado en el atraso tecnológico. Es decir, ir a la cola en este rubro. Continuar la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón mineral y darles la espalda a las fuentes alternas, susceptibles de producir energías limpias. Es decir, las que provienen del aire o el sol, entre otras.

¿Y cómo afecta a la entidad la citada reforma? Es simple. Oaxaca es, desde hace más de una década, una de las principales fuentes de energías renovables. Amén de las críticas a las empresas que producen energía eólica aprovechando los fuertes vientos en la región del Istmo de Tehuantepec, lo cierto es que se trata de un recurso que nos otorgó la naturaleza y que bien aprovechado y con la anuencia de las comunidades es fuente que también genera empleos y riqueza.

Reconozco no ser un especialista en el tema, pero valdría la pena saber, en tiempos en los que las famosas consultas son tomadas como eje de las decisiones gubernamentales, si se cuestionó a las comunidades istmeñas que tienen en su jurisdicción parques eólicos, si están o no de acuerdo con la sobada propuesta de reforma constitucional. Estoy convencido de que no las tomaron en cuenta. Y no nos referimos a grupos u organizaciones que hablan por las mismas, sino a los comuneros directamente interesados. De lo que sí podemos estar convencidos es que, de aprobarse, será un duro golpe a las inversiones, a la economía estatal y al famoso proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. ¿Habrá analizado con independencia y frialdad; con reposada reflexión de esta situación, nuestra bancada oaxaqueña en San Lázaro, con al menos cinco o seis diputados istmeños o sólo harán lo que siempre han hecho vergonzosamente: levantar el dedo? Se entiende, su capacidad de discernimiento es menor a su sumisión a partido y gobierno y no al compromiso con su gente. De pena ajena.

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