Juan Pérez Audelo/ Columna 

Con profundo respeto a nuestros pueblos originarios, pero la etnia triqui parece estar hecha de otro material. Durante décadas, la violencia y la muerte se han enquistado entre sus miembros. Pero, también la manipulación de dirigentes que han hecho de mujeres y hombres simples marionetas, prestas para asentarse en predios de manera ilegal; asesinar impunemente a sus hermanos de raza o alargar la mano para recibir la dádiva del gobierno.

A lo largo de los años hemos podido constatar que son gente de trabajo, pero les han metido un chip en la cabeza, de que la violencia en la zona triqui, les ha obligado a cambiar de residencia. Se asumen desplazados. Y muchos pretender vivir en ese estatus, para que algunos organismos de derechos humanos les otorguen medidas cautelares. No hay un grupo étnico en el país, cuyos líderes animen la violencia y se asuman víctimas.

Al menos durante las dos últimas décadas hemos documentado decenas de asesinatos, emboscadas, secuestros y desapariciones. No importa si son hombres o mujeres, como las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desaparecidas en julio de 2007; el asesinato de las locutoras de la radio “La Voz que rompe el silencio”, Teresa Merino Sánchez y Felícitas Martínez Sánchez, en abril de 2008 o el crimen de los activistas Beatriz Cariño y el finlandés, Jiry Jaakkola, en abril de 2010. Y son los menos. La cadena de crímenes es impresionante.

Sin embargo, la paz no llega a dicha etnia. Grupos y organizaciones; dirigentes y manipuladores se acusan entre sí. Desde el año pasado, se ha ubicado a Tierra Blanca, Copala, como la zona de mayor incidencia de violencia. Y se habla de triquis desplazados. Cuando las condiciones están para que éstos regresen, siempre hay un factor que lo obstaculiza. Cuando el gobierno federal anuncia que habrá acuerdo de paz, los mismos dirigentes se encargan de torpedearlo.

La lectura es que los líderes de grupos y organizaciones no son sólo los principales instigadores de la muerte y la violencia, sino que ya las hicieron el gran negocio. La prueba es fehaciente. La semana pasada, la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizaron un operativo en la zona de Tierra Blanca. De inmediato, el dirigente del Movimiento de Unificación y la Lucha Triqui –el MULT- argumentó violación a los derechos humanos e incursión ilegal en “la nación triqui”, un concepto que ni existe en nuestro marco jurídico ni es propio, como el caso de los municipios autónomos. La única forma de encontrar la paz y meter orden en la zona triqui, es emplazar a los dirigentes de grupos y organizaciones a mantenerse al margen de los acuerdos que emprenda el gobierno federal y estatal, para pacificar dicha etnia. Es decir, echarles abajo el negocio del que viven y explotan a placer.

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