EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna 

Los hechos ocurridos la semana pasada en la agencia “La Mixtequita”, municipio de San Juan Mazatlán, Mixe, deben poner en alerta al gobierno y al pueblo en general. El secuestro de 37 docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional –Conalep- y de trabajadores de los Servicios de Salud, ajenos totalmente a las demandas de los vecinos de la primera comunidad, es una nueva modalidad, equiparada a acciones propias de grupos criminales.

Es decir, por la bandera que sea y con el propósito de presionar al gobierno, nadie estará a salvo de ser retenido, privado de la libertad y refundido en un pasillo inmundo. Puede ser secuestrado en la carretera, en un mercado o una escuela. Y justificarse con el falaz argumento de que el presidente municipal no ha entregado los recursos que le corresponden a tal o cual comunidad. Los hechos en la comunidad mixe, son una severa llamada de atención al gobierno.

No es la primera vez que dichas agencias del citado municipio dan la nota. En 2020, en pleno pico de la pandemia de Covid-19, por el mismo trillado tema de los recursos, cerraron la Carretera Transístmica durante semanas. Personas que trasladaban a sus difuntos, fallecidos por el virus, fueron obligados a llevar el ataúd en hombros, ante la imposibilidad de hacerlo en carrozas o vehículos. Camiones que transportaban oxígeno para los enfermos graves en Juchitán, Salina Cruz y otros municipios, fueron retenidos.

El terco presidente municipal de San Juan Mazatlán, Macario Eleuterio Jiménez, protegido seguramente por algunos personajes de la clase política, ha sido el motor de estos abusos. Ha negado entregar los recursos que por ley les corresponden a las agencias. Pero ahí sigue. Ni la Secretaría General de Gobierno ni la Legislatura del Estado han procedido. Cuando las cosas están fuera de control, como los hechos de la semana pasada, aparece, cínico e impune.

Existe un miedo cerval para aplicar algo más que la sobada política de diálogo y más diálogo. La ley es una caricatura en Oaxaca. Delitos bien tipificados en el Código Penal como el secuestro o privación ilegal de la libertad; daño a las vías generales de comunicación o provocar dolosamente el incendio de un bien, se quieren encubrir aquí con la libertad de expresión. Pero para las autoridades timoratas, es mejor dejar hacer y dejar pasar. A grandes males, grandes remedios, dice la conseja popular. Lo ocurrido la semana anterior en la citada comunidad mixe, no debe ser soslayada. Sienta un mal precedente ante la falta de autoridad y endeble gobernabilidad. Al tiempo.

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