EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna 

La lucha por hacer realidad la transparencia y la rendición de cuentas en el país y en el estado, no ha sido tarea fácil. A veinte años de haberse promulgado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, existen aún resistencias y empecinamiento de gobiernos estatales y locales para poner a disposición del ciudadano sus portales y dar cuenta del uso de los recursos públicos y toda la información que le requieran.

Datos básicos sobre el presupuesto anual del municipio, ley de ingresos, salarios que reciben los concejales, datos curriculares de los funcionarios, convocatorias y licitaciones, entre otros, deben aparecer en los portales de transparencia municipales. El ciudadano tiene derecho a saber. No es a voluntad de los o las autoridades locales. Es una obligación que la ley establece. Pero hay quienes asumen que la discrecionalidad es su mejor arma.

La lucha contra la corrupción, tan de moda en los últimos tiempos, no puede transitar en tanto existan escollos y obstáculos de ediles renuentes a rendir cuentas. El Congreso del Estado y el área correspondiente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado –el OSFEO- deben obligar a los gobiernos locales a instalar sus páginas de consulta y actualizarlas constantemente, para que cualquier ciudadano tenga acceso a las mismas.

Uno de los vicios y excesos que se ha generalizado son los bloqueos carreteros por parte de agencias municipales, por la demanda de los recursos que les corresponden. Y que ya están etiquetados, por lo que los presidentes municipales deben entregarlos en tiempo y forma. Pero no. O los dejan sudar –como se dice vulgarmente- en el banco o simplemente los desvían a otros temas. Y es el pueblo el que paga los platos rotos.

La cultura de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, debe ser un instrumento del buen gobierno. Además, un freno a los ediles, dados a gastar en cuestiones suntuarias y de manera discrecional. A tener a toda la parentela en la nómina y enriquecerse de manera ilícita. Experiencias hay muchas. En nuestras comunidades, ediles que son elegidos por sistemas normativos internos o por partidos, entran con una mano adelante y otra atrás y salen bien forrados.

O en los principales municipios de la entidad, en donde las obras se le otorgan al compadre, al socio, al cómplice. La proclividad al cobro del 10 por ciento o los moches. E inclusive al contrato de despachos para limpiar las pillerías. Porque en algunos lados la famosa austeridad republicana es una falacia. Concejales y funcionarios municipales bien pagados que hacen cierta la frase de gobierno rico y pueblo pobre.

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