Desde el Congreso, exigen a Fiscalía llamar a cuentas a URO por represión del 2006

De igual manera exigen se incluya al ex secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la ex procuradora Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el ex director de Seguridad Pública, Manuel Vera Salinas; el ex director de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas y demás funcionarios estatales y municipales involucrados en los hechos señalados.
Patricia Briseño

OAXACA, Oax. Diputadas y diputados integrantes del partido Morena, exigieron a la Fiscalía General del Estado llame a declarar ante un juez al exgobernador, Ulises Ruíz Ortíz, por la represión gubernamental al movimiento magisterial popular de 2006, donde se cometieron delitos de lesa humanidad. 

La propuesta presentada por los diputados César David Mateos Benítez y Horacio Sosa Villavicencio, ex presos políticos recluidos en penales federales, demandan se le finquen responsabilidades penales por los crímenes cometidos, que van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, delitos que no expiran. 

De igual manera exigen se incluya al exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la exprocuradora Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el ex director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas y demás funcionarios estatales y municipales involucrados en los hechos señalados. 

Además, convocan a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial a que, en conjunto con el Poder Legislativo realicen una declaración pública de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y disculpas por la violación de los derechos humanos cometida desde el poder público. 

Este año, se conmemoran 16 años de lo ocurrido el 14 de junio de 2006, tras un fallido intento policiaco por desalojar el zócalo capitalino, de un plantón de la sección 22 de la CNTE, quienes protestaban por la falta de cumplimiento de sus demandas gremiales. 

Posteriormente, entre los años 2006 y 2007, la represión al movimiento social oaxaqueño, organizado principalmente por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), implicó violaciones cometidas de manera masiva y sistemática a los derechos humanos en contra de miles de personas. 

También se cometieron crímenes de lesa humanidad, documentados por organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y finalmente la Comisión de la Verdad creada en el sexenio anterior por el propio gobierno estatal. 

La propuesta fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. 

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