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El comentario

Juan Pérez Audelo / Columna

Una de las disposiciones del Instituto Nacional Electoral –INE- a nivel nacional y el Instituto Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana –IEEPCO- a nivel estatal, para hacer realidad la equidad de género, es decir, 50% de las candidaturas por igual a hombres y mujeres, parece estarse cumpliendo. Se trata de una exigencia que los partidos políticos tienen que cumplir, en apego a la ley vigente. No ha sido fácil la lucha de las mujeres en favor de la inclusión.

Sin embargo, tal parece que en ese reparto de cuotas y arreglos cupulares que caracteriza a nuestro desgastado y desprestigiado sistema de partidos, hay violaciones en las llamadas acciones afirmativas. Nos referimos a la designación en las candidaturas a miembros de la comunidad de la diversidad sexual, a personas con capacidades diferentes, jóvenes, adultos mayores y hasta de nuestros migrantes.

En nuestro medio, lo hemos visto en los últimos años, disfrazarse de indígena es algo más que moda, aunque sea sólo eso, un disfraz. Pero, en los demás segmentos sociales minoritarios, hay una discriminación evidente. Y obvio, imposiciones fraudulentas. Nuestras candidatas entran y salen de foros en los Estados Unidos, para convencer a la comunidad migrante que vote por ellas, haciendo una y mil promesas. Se toman la foto y aquellos que han salvado la economía del país con las remesas, vuelven al olvido.

Más allá del morbo mediático o de los comentarios respecto a las listas de candidatos y candidatas de todos los partidos políticos, la pregunta es: amén de respetar la equidad de género, ¿en qué medida dirigentes, cúpulas, dedos electores y demás han cumplido con la norma de incluir a dichos grupos minoritarios? Es evidente que siguen violando la ley. Pero eso sí, tenemos candidatos que van por su tercera o cuarta reelección en la Cámara federal, aunque sólo se les vea levantando el dedo; en vuelos de primera clase y desarraigados por completo de sus distritos electorales.

Insistimos: el sistema de partidos políticos en México, sin excepción, ya no representa a la ciudadanía, más que a una casta que sigue viviendo de nuestros impuestos. Clanes familiares, burocracia, cofradías y cacicazgos es lo que prevalece. Sólo hay que ver quiénes son los dueños y franquicitarios. Ahí está Alberto Anaya, dueño del Partido del Trabajo; Jorge Emilio González del Partido Verde; Dante Delgado de Movimiento Ciudadano; Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Pedro Haces, de Fuerza por México, entre otros. En Morena, el patrón despacha en el Palacio Nacional.

La democracia del dedazo está tan viva como en las ocho décadas de hegemonía priista. El amiguismo, el compadrazgo, el nepotismo, así como los negocios y las complicidades, siguen teniendo mano. Y ese mundillo reducido dispone de miles de millones de pesos que, vía prerrogativas, les otorgan los órganos electorales. Una democracia ficticia, demasiado onerosa y hoy, bajo acoso criminal.

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