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El comentario

Juan Pérez Audelo / Columna

El abominable método del bloqueo a carreteras y vialidades, orquestado por normalistas, maestros, comuneros, colonos y mercaderes, ha vuelto por sus fueros. La semana pasada padecimos ese infierno, orquestado por unos cuantos, en perjuicio de miles y miles de ciudadanos. Una de dos: ¿O la política del diálogo instrumentada por la Secretaría de Gobierno ha fracasado o, la política del avestruz, de esconder la cabeza, aplica puntualmente el viejo principio liberal de: dejar hacer; dejar pasar?

Es obvio que, aquella campaña para concientizar a los bloqueadores de: “yo dialogo no bloqueo”, no fue más que un ardid publicitario; una utopía; una buena intención. Pero nada más. No es fácil revertir la tendencia del vividor y manipulador que se escuda en grupos u organizaciones, ya cebadas en el chantaje. Lo han convertido en un boyante negocio, aunque con ello estén violando la ley.

¿Cómo entender que el cierre de un negocio, en donde se presume se vendía alcohol en uno de los mercados de la capital, haya derivado en el cierre de una de las principales vialidades del Centro Histórico? A mes y medio de que la carretera a la Costa, tramo Barranca Larga-Ventanilla fue inaugurada, los bloqueos y chantaje han estado a la orden del día. Antes de la ceremonia, un grupo de nuevos transportistas anunciaron que no dejarían circular por dicha vía a unidades de las empresas de transporte que, desde hace mucho, prestan el servicio a Puerto Escondido.

Esta amenaza quedó en un impasse. Sin embargo, ahora la agarraron en contra de los Autobuses de Oriente (ADO), a cuya empresa emplazaron a tener sólo “cuatro corridas y no ocho”. Nadie ignora que, por el territorio de San Pablo, San Francisco, San Sebastián y San Jerónimo Coatlán, pertenecientes al distrito de Miahuatlán, pasa la referida vía. Pero ello no implica que una carretera federal, luego de que se pagó una y otra vez el derecho de vía, durante 15 años que tardó su construcción, sea propiedad de dichas comunidades.

No es un secreto que ya han explotado a placer la misma, pero, tengo la certeza de que ninguna autoridad se las ha dado en concesión o comodato. Lo único que se está logrando -y a tiempo lo anticipamos- es que dicha vía terrestre, tanto tiempo esperada, se convierta en rehén de grupos y botín de autoridades, líderes y comuneros.

Otro factor de inestabilidad social han sido los normalistas. Su afán de provocación y de cebarse en lo ilícito, azuzados por intereses oscuros, son una amenaza para la gobernabilidad. Es decir, generar disturbios y atentados a la libre circulación; robo en casetas de peaje y desafío a las autoridades. Banderas no les hacen falta. Ahí están los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, además, claro, del otro estudiante asesinado en Chilpancingo y cuyo responsable huyó. Por mártires pues, no paramos.

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