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Atiende Mesa Operativa de Seguimiento Electoral municipios en riesgo

Redacción

OAXACA, Oax. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) informó la atención a municipios en el marco del proceso electoral 2023-2024.

A través de la Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE) tienen identificados a 73 municipios bajo atención oportuna, de los cuales 38 son de riesgo alto, 11 de riesgo medio y 24 de riesgo bajo, así lo dieron a conocer en la conferencia de prensa matutina del gobernador Salomón Jara.

En este sentido, todos han recibido algún tipo de atención, ya que viven distintos contextos, algunos con conflictos poselectorales, violencia de género, entre otros.

Con relación al tema de seguridad, derivado del trabajo que se realiza en la prevención del delito, principalmente en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, la Secretaría de Gobierno (Sego) dio a conocer que respecto a marzo del año anterior se redujo un 19.45 por ciento la comisión de delitos en la entidad.

En tanto, en Oaxaca de Juárez la percepción de inseguridad ha bajado del 72.9 a 57.8 por ciento en un año, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde se constata que también creció la percepción de seguridad de 29.9 a 41.4 por ciento.

Respecto a los temas agrarios, la Mesa de Atención Agraria atendió durante la semana pasada dos conflictos: uno fue entre Santa Cruz Mitlatongo y Santiago Mitlatongo, donde ambas comunidades hicieron un acuerdo para que la Junta de Conciliación Agraria realice una propuesta para concluir la problemática que data de hace más de 40 años.

Otro de los trabajos fue con San Miguel El Grande y Llano de Guadalupe, Tlaxiaco, donde se convino medir el polígono en disputa, ello por parte de ambos municipios para poner fin a un conflicto del siglo XVI.

Por otra parte, el gobernador externó su preocupación ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inaplicable la prisión preventiva oficiosa.

De concretarse esta decisión, los gobiernos de las 32 entidades federativas serían los primeros en padecer el impacto de la probable liberación de personas sujetas a proceso por delitos como el homicidio, violación, secuestro, entre otros.  

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