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El comentario

Juan Pérez Audelo / Columna

Cosas inéditas han ocurrido en Oaxaca, en el curso del proceso electoral 2023-2024. A la violencia que se vive en el país se agregó el asesinato del candidato de Morena, a la presidencia municipal de San José Independencia, Alberto García. Pero no es lo único. Amén de litigios e impugnaciones en órganos jurisdiccionales, la crítica ciudadana se ha lanzado sobre dirigencias y partidos, respecto a sus controvertidas listas, en términos de acciones afirmativas, en donde abundan las y los discapacitados, indígenas y afromexicanos falsos. Una verdadera tomada de pelo a la buena fe ciudadana.

Capítulo aparte fue la inhabilitación temporal de la presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO). Que, hay que decirlo, se trata de una acción nunca vista en nuestro estado y que, más allá de sentencias acusatorias de órganos jurisdiccionales locales, es un tropiezo que trastoca el citado proceso electoral.

No es un secreto que, desde su arribo al cargo, inició un proceso de desgaste al interior de la institución. Confrontada con algunos consejeros y consejeras y aliada con otros al principio, terminó prácticamente contra la pared. Parte de este escenario fue el despido de funcionarios y funcionarias de la anterior administración, probados en experiencia y desempeño, que le abrió la puerta para imponer a sus incondicionales.

Sin embargo, no le funcionó. Seis mujeres fueron designadas en el cargo del Secretariado Ejecutivo. Una tras otra fueron despedidas. Lo mismo ocurrió con funcionarios del área administrativa. Poco después fue su confrontación con el Contralor del IEEPCO, que motivó la denuncia de presunta corrupción y su práctico despido. Sin embargo, el INE ordenó su reinstalación.

Hace unos días, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca dispuso su inhabilitación. La funcionaria declaró que apelaría. En tanto, plataformas digitales y redes sociales se volcaron sobre la misma respecto a la asignación directa de contratos a ciertas empresas. Y la semana anterior, en una sesión extraordinaria del Consejo General, Elizabeth Sánchez González, luego de que el INE diera luz verde, fue inhabilitada por un año y sustituida.

Fue designado por segunda vez presidente provisional, el consejero Alejandro Carrasco Sampedro, quien tiene el desafío de seguir avanzando en los trabajos del proceso electoral que está en ruta. Se trata, insistimos, de una acción inédita, que deja algunas interrogantes: ¿Qué fue lo que ocurrió con la consejera presidenta? ¿Pisó callos o afectó intereses en el órgano electoral que, como en toda instancia pública, se mueven por debajo del agua?

Después de su relevo desplegó una valiente defensa, poniendo en entredicho a los órganos jurisdiccionales y argumentando persecución política. Es decir, ¿hubo alguna acción concertada dentro del poder estatal para hacerla a un lado? En política no hay casualidades. Por lo pronto, consejeros y consejeras tendrán que desquitar su jugoso salario poniéndose a trabajar y dejar a un lado la grilla de desgaste que tanto le ha afectado al árbitro electoral y recuperar la confianza ciudadana en dicha institución.

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