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Documentan violencia durante el actual proceso electoral en Oaxaca, piden atender riesgos

Citlalli López

OAXACA, Oax. Con un asesinato y al menos 7 agresiones Oaxaca se ubicaba en el semáforo amarillo por riesgo en la elección dentro del segundo reporte de Violencia Electoral Proceso 2023-2024 elaborado por Laboratorio Electoral, plataforma que desarrolla análisis e investigación especializada en materia electoral y participación ciudadana.

El recuento realizado hasta antes del 3 de abril documentaba 7 agresiones en Oaxaca, de las cuales seis eran por amenazas y una por secuestro, además daba cuenta del asesinato de Joaquín Martínez, presidente municipal de Chahuites por el Partido Verde Ecologista de México.

Hasta ese momento, no había sido privado de la vida Alberto Antonio García, tesorero y candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia.

De acuerdo con los últimos datos a conocer por la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón, al menos 25 personas de la política habían formulado peticiones de medidas de seguridad durante el desarrollo del proceso electoral en Oaxaca.

Además, señaló que tienen detectados 38 municipios de alto riesgo, de los cuales 25 son de atención prioritaria por conflictividad social.

Hasta ese momento del informe elaborado por el Laboratorio Electoral, en todo el país habían sido asesinadas 51 personas, 27 aspirantes y 24 personas relacionadas con el proceso electoral.

Por otro lado, habían registrado 106 agresiones contra aspirantes y personas directamente relacionadas con el proceso electoral; dentro de los tipos de agresiones se observaron amenazas, ataques y secuestro.

El reporte indica que los partidos con mayor número de aspirantes asesinados eran Morena con 10 y el PAN con 5; también, que personas afiliadas al PAN son quienes más han denunciado amenazas, seguido del PRD y el PRI.

Alejandro Carrasco Sampedro, consejero presidente provisional del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, indicó que ante una amenaza a la seguridad e integridad de una candidata o candidato son los partidos políticos quienes tienen que enviar la solicitud ante este instituto, en la cual deben describir de manera puntual la situación de riesgo.

Posteriormente, la autoridad electoral local turnará la solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública para la evaluación de riesgo y dictará las medidas de protección pertinentes.

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