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El comentario

Juan Pérez Audelo / Columna

Durante 25 días, el llamado Cártel 22 mantuvo su plantón en el Centro Histórico. Los daños colaterales al comercio establecido fueron brutales. Pérdidas por más de 140 millones de pesos. De las afectaciones a la educación pública, a la paz social y a la gobernabilidad, mejor ni hablar. Con su sobada estrategia de movilización-negociación-movilización, pero, sobre todo con el chantaje, obtuvieron la nada despreciable bolsa de más de 4 mil millones de pesos de prebendas.

La pregunta que muchos nos hacemos es: si Oaxaca es una entidad, con un porcentaje considerable de su población en pobreza y pobreza extrema; con necesidades apremiantes en infraestructura de salud, vivienda, servicios y otros, ¿a qué disponer de recursos multimillonarios para un segmento que más que servir con dedicación, ha generado un irreversible rezago educativo, convirtiéndose –así literal- en un barril sin fondo de demandas, exigencias y presiones?

Hay tal cinismo en los dirigentes magisteriales, fanáticos y corruptos, que lograron una bolsa de 41 millones de pesos para un supuesto pago a las víctimas del desalojo del 19 de junio de 2016, en Nochixtlán. Cuestión que el membrete, Comité de Víctimas, un organismo que se montó sobre los siete fallecidos en dicho evento, para obtener dádivas y prebendas, rechaza haber pedido o recibido. Es decir, tal parece que los gobiernos federal y estatal dan millones sin indagar a fondo.

Creo que no hemos estado errados al calificar al Cártel 22, como un ente eternamente insatisfecho y perpetuamente chantajista. Ya les dieron una bolsa millonaria; no tarda en que vengan por más. Lo que sorprende es que dos fantasmas: el fallido desalojo del 14 de junio de 2006 y los referidos hechos de Nochixtlán de 2016, sigan siendo usados como bandera para asumirse víctimas perpetuas, poner contra la pared a la ciudadanía y chantajear al gobierno.

Existe tal perversidad y manipulación que ya asumen como conquista propia los 120 millones de pesos que les fueron asignados, para atenuar el gasto en uniformes, a padres y madres de familia. Obvio, no es así. El tema viene desde administraciones pasadas, no es logro de esta gavilla de bribones. He ahí el porqué, desde el gobierno de Gabino Cué, de 2010 a 2016, un sector importante de la sociedad civil ha exigido que las mesas de negociación se hagan abiertas y no a puerta cerrada.

El dinero que les da de manera discrecional a los maestros disidentes, es del pueblo; es producto de nuestros impuestos; no se puede lucrar con el mismo ni para para evitar conflictos, mucho menos para engordar parásitos que viven del chantaje. Insistimos: algo tiene que hacer no el gobierno, que está literalmente boca abajo, sino la sociedad civil organizada, las autoridades municipales y las asociaciones de padres de familia, para hacer que estos ganapanes cumplan con su tarea docente, para lo que se les paga.

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