Patricia Briseño
OAXACA, Oax. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncia y querella penal por la posible posesión y almacenamiento ilícito de recursos forestales maderables y por el presunto quebrantamiento de sellos de clausura, después de detectar irregularidades durante una inspección a un Centro de Almacenamiento y Transformación (CAT) de materias primas forestales localizado en el municipio de Tlaxiaco, región de la Mixteca.
De acuerdo con la instancia ambiental en coordinación con la Guardia Nacional (GN), los inspectores de la Profepa hallaron dos mil 416 piezas de madera labrada de pino, entre tablas, barrotes, polines y vigas, con un volumen total de 44.844 metros cúbicos, así como maquinaria y equipo destinados a su transformación.
Ante el riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a los recursos naturales, la Profepa hizo el aseguramiento precautorio de la madera, maquinaria y equipo.
Además, determinó la clausura temporal total del sitio donde se desarrollaban actividades de almacenamiento, posesión y transformación de materias primas forestales.
Por lo anterior, la medida de seguridad impuesta desincentiva el funcionamiento de CAT en las condiciones detectadas en la inspección, actividades irregulares de almacenamiento, transformación y movilización de recursos forestales que se realizan sin los controles establecidos por la autoridad competente, que crean condiciones de aprovechamiento irregular de los recursos forestales.
Como parte de las acciones legales, la Profepa presentó una denuncia penal por la posible posesión y almacenamiento ilícito de los recursos forestales maderables asegurados durante la inspección, ante la FGR.
En contraste, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) denunció que el cateo ejecutado por Profepa y la FGR se realizó sin presentar alguna orden de un juez competente incautó tablas y polines de madera y vigas, así como maquinaria, entre esta, un trompo, sierra circular, una canteadora y cuatro cepillos.
Maurilio Santiago Reyes, presidente de esa organización civil denunció extorsión y cobro de piso de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e iniciar una investigación interna para deslindar responsabilidades y sancionar a los involucrados.
Además, requirió el otorgamiento de medidas de protección al propietario del taller de cepillado, su familia y demás personas afectadas, para salvaguardar su vida e integridad física y evitar cualquier represalia en su contra.
